El hecho que nadie puede esconder, por más alambicamientos que ensaye el Gobierno, es que el Valle del Río Apurímac-Ene (VRAE) se ha convertido en un laboratorio de elaboración de cocaína. Y como el Gobierno no puede controlar esta situación, se ve obligado a sacar otro conejo distractivo de la galera: proponer la publicación de los nombres de los sentenciados por terrorismo que el Poder Judicial "ha liberado".
Hay que insistir en que es posible que, en unos casos, los narcotraficantes utilicen directamente a sus sicarios y, en otros, a ex senderistas o a remanentes de este grupo; pero el motor, en ambas modalidades, es el narcotráfico. El dato nuevo es que este se ha fortalecido a niveles jamás vistos en el Perú. Frente a esto, el problema de la propuesta gubernamental es que no pasa de ser una maniobra que tiene como objeto desplazar la atención de su ineficiente labor en la lucha contra el narcotráfico.
El ministro del Interior, Luis Alva Castro, declaró que la emboscada en Tayacaja (Huancavelica) fue obra de narcotraficantes, y negó expresamente un rebrote terrorista (Perú 21, 16-11-07). En abierta contradicción, la nota de prensa de la PNP (14-11-07) señalaba que los policías "fueron atacados aproximadamente por 30 presuntos terroristas, con armas de fuego y explosivos". Con las declaraciones del presidente y del premier, queda claro que el Gobierno ha optado por la versión policial. ¿Será porque es más digerible y explotable políticamente?
¿Cómo hacer para que un presidente de la República preocupado y absorbido con la explotación de los recursos naturales y ansioso por conquistar el "grado de inversión" de las calificadoras de riesgo tome en serio el peligroso desarrollo de las mafias del narcotráfico? Porque, para el presidente, todo se arregla centrando mediáticamente el problema en Sendero Luminoso. Es sintomático, por ejemplo, que no plantee la publicación de los nombres de los condenados por narcotráfico que ya abandonaron las cárceles... lo que sería igualmente absurdo, valga la aclaración, pues, como bien dice Pablo Talavera frente a la propuesta de García, en este caso también la lista pública solo perjudicaría a los que quieren reinsertarse en la sociedad y buscan trabajo.
El ministro del Interior no solo le enmendó la plana a la Policía, sino que estaba esbozando la definición de un nuevo blanco de lucha al señalar la responsabilidad plena y directa de los narcotraficantes. El Gobierno le ha corregido ahora la plana a él. El problema es que, a diferencia de la lucha contra Sendero, el narcotráfico obliga a un duro combate para evitar que la corrupción penetre y se instale en el propio Estado. El Gobierno no sabe cómo enfrentar este nuevo desafío.
Hay que insistir en que es posible que, en unos casos, los narcotraficantes utilicen directamente a sus sicarios y, en otros, a ex senderistas o a remanentes de este grupo; pero el motor, en ambas modalidades, es el narcotráfico. El dato nuevo es que este se ha fortalecido a niveles jamás vistos en el Perú. Frente a esto, el problema de la propuesta gubernamental es que no pasa de ser una maniobra que tiene como objeto desplazar la atención de su ineficiente labor en la lucha contra el narcotráfico.
El ministro del Interior, Luis Alva Castro, declaró que la emboscada en Tayacaja (Huancavelica) fue obra de narcotraficantes, y negó expresamente un rebrote terrorista (Perú 21, 16-11-07). En abierta contradicción, la nota de prensa de la PNP (14-11-07) señalaba que los policías "fueron atacados aproximadamente por 30 presuntos terroristas, con armas de fuego y explosivos". Con las declaraciones del presidente y del premier, queda claro que el Gobierno ha optado por la versión policial. ¿Será porque es más digerible y explotable políticamente?
¿Cómo hacer para que un presidente de la República preocupado y absorbido con la explotación de los recursos naturales y ansioso por conquistar el "grado de inversión" de las calificadoras de riesgo tome en serio el peligroso desarrollo de las mafias del narcotráfico? Porque, para el presidente, todo se arregla centrando mediáticamente el problema en Sendero Luminoso. Es sintomático, por ejemplo, que no plantee la publicación de los nombres de los condenados por narcotráfico que ya abandonaron las cárceles... lo que sería igualmente absurdo, valga la aclaración, pues, como bien dice Pablo Talavera frente a la propuesta de García, en este caso también la lista pública solo perjudicaría a los que quieren reinsertarse en la sociedad y buscan trabajo.
El ministro del Interior no solo le enmendó la plana a la Policía, sino que estaba esbozando la definición de un nuevo blanco de lucha al señalar la responsabilidad plena y directa de los narcotraficantes. El Gobierno le ha corregido ahora la plana a él. El problema es que, a diferencia de la lucha contra Sendero, el narcotráfico obliga a un duro combate para evitar que la corrupción penetre y se instale en el propio Estado. El Gobierno no sabe cómo enfrentar este nuevo desafío.
S.P.
prensa escrita
