Saltó la liebre. El Grupo Romero está detrás de la decisión de vender las tierras con poca o ninguna cobertura forestal y las baldías. El presidente Alan García parece tener gran interés (o intereses) en el negocio.
Se sabe que el Grupo Romero, el más poderoso del Perú y con fuertes lazos con el gran capital chileno, ha formado una bolsa de diez millones de dólares para la compra de dos millones de hectáreas de tierra en la Amazonía, una vez que se aprueben en el Congreso dos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo.
Un operador político directamente vinculado a García está impulsando la aprobación de los proyectos.
Fuentes cercanas al gobierno explican que el plan consiste en producir commodities para el mercado internacional: soya, algodón, palma aceitera, ganadería, con graves consecuencias para la biodiversidad amazónica.
Las fuentes precisan que una parte de los dos millones de hectáreas se dedicarían a la siembra de bosques para la captura de carbono. Gracias al Protocolo de Kyoto, están pagando entre 4 y 45 dólares por hectárea/año en la Bolsa de Nueva York. Vender ese producto de defensa del medioambiente mundial resulta un negocio fabuloso, negocio que debiera ser emprendido por el Estado y beneficiar a las comunidades nativas, no a un puñado de millonarios y políticos.
Los proyectos que Alan García impulsa son elocuentes: explican por qué y para qué escribió el artículo “El síndrome del perro del hortelano”. Los siguientes párrafos de aquel artículo cobran ahora su perfil cínico y siniestro:“La propiedad formal por grandes empresas colectivas como los fondos de pensiones permitiría hacer inversiones de largo plazo desde la siembra hasta la cosecha años después.
“Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por qué sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano.”Los proyectos remitidos al Congreso con las firmas de Alan García y Jorge del Castillo establecen un régimen de venta y adjudicación en propiedad y perpetuidad con compromiso de inversión y mediante subasta pública.
Con el pretexto de formalización y titulación, se pone al alcance de los Romero los “predios rústicos y tierras eriazas, sean éstos públicos y privados, Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas a nivel nacional, por un periodo de cuatro (4) años”.
Esto equivale a una declaratoria de guerra contra los campesinos pobres y medianos, y las comunidades de costa, sierra y selva.
Ahora sabemos qué es lo que el perro del Tío Sam y de Dionisio Romero quiere morder.
DIRECTOR
LP.DQIR
