La Sala Penal Especial de la Corte Suprema acaba de confirmar su inclinación política: ha dictado una sentencia demasiado benigna contra los ministros que acompañaron a Fujimori en el golpe de Estado del 5 de abril de 1992.
Sólo contra el general (r) Juan Briones se ha producido una pena que corresponde a todos los ministros: pena de cárcel efectiva de diez años. Sus colegas golpistas sólo reciben cuatro años de prisión condicional.
La sentencia castiga la rebelión contra el Estado y la ruptura de orden constitucional. Los ministros enjuiciados convalidaron el golpe con un decreto supremo que, entre otras cosas, disolvió el Congreso elegido por los ciudadanos.
En su momento y aún hoy muchos ven en el autogolpe de 1992 sólo un atentado contra las instituciones de la democracia formal. En realidad, fue un pronunciamiento con más alcances que ése.Puedo jactarme de que en el momento mismo del crimen precisé los propósitos de éste. Trabajaba yo en esa época en Antena Uno Radio –que es hoy CPN– y acababa de retirarme a dormir, aburrido con los programas de TV, cuando Cecilia Laca, directora de ese medio, me llamó por teléfono para informarme de lo que acababa de ocurrir y pedirme un juicio inmediato.
Dije sin vacilar: éste es un golpe militar que lleva como mascarón de proa a un presidente civil. Es un golpe de los militares genocidas comprometidos en la violación de los derechos humanos y con el narcotráfico.
Esa misma noche, clausuraron la radio. Creo que mi reflexión fue acertada. Mi percepción me permitió mantener una posición firme, que me ganó presiones y retiros del aire, y basada en el criterio de que, puesto que no estaban en juego sólo las formalidades democráticas, la lucha contra la dictadura debía acompañarse con la defensa de los derechos humanos y sociales, en particular de los trabajadores. Lo acertado de mi opinión se vio refrendado por los hechos. Pocas horas después del golpe, las fuerzas del orden asaltaron oficinas del Poder Judicial donde se conservaban expedientes contra narcotraficantes. Hay fotos e imágenes televisuales de cómo los documentos eran lanzados desde un balcón.
Eran las huellas digitales de Vladimiro Montesinos. Enseguida empezó la mayor ofensiva que se haya librado contra los derechos sociales. Fujimori anuló la jornada de ocho horas, el derecho a la seguridad social, al pago de horas extras, a las vacaciones; introdujo la precariedad laboral.
La faena antisocial, aplaudida por los grandes empresarios, ha sido proseguida por Alejandro Toledo y Alan García. Los oligarcas siguen aplaudiendo.
En ese proceso histórico hay que colocar el proceso judicial contra la banda ministerial de Fujimori. La corrupción y el abuso de siempre se dibujan en la sentencia benigna de la Sala Penal Especial.
D.C.L.
Prensa escrita
