La segunda huelga de docentes universitarios del 2007 comenzó hace dos semanas y no tiene visos de solución. El tema central son los magros sueldos de los docentes, que deben ser homologados con los del Poder Judicial según la Ley 24733, promulgada hace 24 años. Eso es lo que no se 
cumple y motiva la huelga.
En el 2005, durante Toledo, se logró un acuerdo, con el Decreto de Urgencia 033-2005 para que esta homologación se lleve a cabo por tramos. Hasta la fecha solo se ha avanzado con el 20% de lo acordado y no se ha cumplido con el 35% del 2007, faltando un 35% final
en el 2008.
Más allá de los diferentes argumentos del gobierno, la realidad es que le interesa poco las universidades públicas. La razón es simple: desde la década del 90, cuando empiezan las reformas neoliberales, la importancia de las universidades estatales ha decrecido. En 1990, el 64% de los alumnos estudiaba en universidades estatales y el 36% en universidades privadas. En el 2006, según la Asamblea Nacional de Rectores, la matrícula es 50-50. Lo mismo con la cantidad de profesores: 22,398 en las universidades estatales y 22,244 en las universidades privadas.
Lo que sucede, entonces, es que las necesidades de profesionales universitarios para el tipo de aparato productivo, económico y administrativo que hoy tiene el país están cubiertas, en gran medida, por las universidades privadas. Así, la educación superior pública se ha convertido en una especie de "aparato sobrante". De allí que al MEF no le interese si hay o no hay huelga en las universidades estatales.
Por la misma razón le interesa poco financiar a las universidades estatales, que cada vez se financian más con recursos propios. Así, por ejemplo, de los S/. 1,747 millones del Presupuesto del 2007, algo más del 40% proviene de recursos directamente recaudados por las universidades estatales, mientras que el 60% viene del Tesoro Público. San Marcos tiene recursos propios por el 50% y en la UNI son más del 65%.
Volviendo a las causas de la actual huelga, existía un consenso en el Congreso para aprobar el Proyecto de Ley 1747, presentado en octubre por congresistas de todas las bancadas (incluida el APRA, con Mercedes Cabanillas a la cabeza). En lo esencial, se corregían los criterios del DU 033-2005 y se señalaban nuevos para su aplicación.
Sin embargo, el 30 de octubre, el Poder Ejecutivo envió el Proyecto de Ley 1810, que desestima en los hechos el PL 1747 y establece otros criterios para la evaluación docente. Además, establece que el último aumento de 35% no tiene carácter pensionable sino que es una "asignación especial por mérito", modificando al propio DU 033-2005. El gobierno quiere hacer creer que los docentes están en contra de la evaluación (la misma táctica que usó contra el SUTEP), lo que es falso. Estas existen, y se cumplen, aunque, evidentemente, pueden ser "perfectibles".
Para terminar, no queremos obviar que las universidades públicas enfrentan problemas serios, que deben ser abordados en una nueva ley universitaria. Pero el gobierno no ataca ese punto central porque éstas interesan poco porque el modelo económico cubre sus necesidades sin ellas.
Esto es lo terrible y dramático, pues indica que las desigualdades no son enfrentadas seriamente, justo cuando más se necesita que la población adquiera las tecnologías de la información y el conocimiento para enfrentar las desigualdades del proceso de globalización. Por eso, buena parte de los jóvenes no tiene sitio en la sociedad de hoy (y migran). La huelga de los docentes, por eso, enciende una poderosa luz de alarma.
cumple y motiva la huelga.En el 2005, durante Toledo, se logró un acuerdo, con el Decreto de Urgencia 033-2005 para que esta homologación se lleve a cabo por tramos. Hasta la fecha solo se ha avanzado con el 20% de lo acordado y no se ha cumplido con el 35% del 2007, faltando un 35% final
en el 2008.Más allá de los diferentes argumentos del gobierno, la realidad es que le interesa poco las universidades públicas. La razón es simple: desde la década del 90, cuando empiezan las reformas neoliberales, la importancia de las universidades estatales ha decrecido. En 1990, el 64% de los alumnos estudiaba en universidades estatales y el 36% en universidades privadas. En el 2006, según la Asamblea Nacional de Rectores, la matrícula es 50-50. Lo mismo con la cantidad de profesores: 22,398 en las universidades estatales y 22,244 en las universidades privadas.
Lo que sucede, entonces, es que las necesidades de profesionales universitarios para el tipo de aparato productivo, económico y administrativo que hoy tiene el país están cubiertas, en gran medida, por las universidades privadas. Así, la educación superior pública se ha convertido en una especie de "aparato sobrante". De allí que al MEF no le interese si hay o no hay huelga en las universidades estatales.
Por la misma razón le interesa poco financiar a las universidades estatales, que cada vez se financian más con recursos propios. Así, por ejemplo, de los S/. 1,747 millones del Presupuesto del 2007, algo más del 40% proviene de recursos directamente recaudados por las universidades estatales, mientras que el 60% viene del Tesoro Público. San Marcos tiene recursos propios por el 50% y en la UNI son más del 65%.
Volviendo a las causas de la actual huelga, existía un consenso en el Congreso para aprobar el Proyecto de Ley 1747, presentado en octubre por congresistas de todas las bancadas (incluida el APRA, con Mercedes Cabanillas a la cabeza). En lo esencial, se corregían los criterios del DU 033-2005 y se señalaban nuevos para su aplicación.
Sin embargo, el 30 de octubre, el Poder Ejecutivo envió el Proyecto de Ley 1810, que desestima en los hechos el PL 1747 y establece otros criterios para la evaluación docente. Además, establece que el último aumento de 35% no tiene carácter pensionable sino que es una "asignación especial por mérito", modificando al propio DU 033-2005. El gobierno quiere hacer creer que los docentes están en contra de la evaluación (la misma táctica que usó contra el SUTEP), lo que es falso. Estas existen, y se cumplen, aunque, evidentemente, pueden ser "perfectibles".
Para terminar, no queremos obviar que las universidades públicas enfrentan problemas serios, que deben ser abordados en una nueva ley universitaria. Pero el gobierno no ataca ese punto central porque éstas interesan poco porque el modelo económico cubre sus necesidades sin ellas.
Esto es lo terrible y dramático, pues indica que las desigualdades no son enfrentadas seriamente, justo cuando más se necesita que la población adquiera las tecnologías de la información y el conocimiento para enfrentar las desigualdades del proceso de globalización. Por eso, buena parte de los jóvenes no tiene sitio en la sociedad de hoy (y migran). La huelga de los docentes, por eso, enciende una poderosa luz de alarma.
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