Así que era un abuso extender el período de inicio del proceso judicial bajo carcelería, de 18 a 36 meses, contra la corrupción fujimorista, a través de una apresurada modificación de la ley durante el gobierno de Toledo, pero es razonable duplicarlo a 72 meses (seis años) en el caso de los etnocaceristas de Antauro Humala, sin contar para ello ninguna norma existente y sirviéndose de una jueza trasladada al caso el día anterior.
La ley supuestamente es para cumplirla. Pero en el Perú se aplaude hasta el paroxismo que el Tribunal Constitucional guillotine a los jubilados de la 20530 y se dice aquí acabó el problema, se salvó el sistema; pero ahora se quiere colgar al mismo Tribunal, desconocerlo, disolverlo, si fuera posible, por darle la razón a los fonavistas. Y se utiliza la maniobra de encargarle al JNE desacatar lo resuelto por el máximo tribunal y permitir que el gobierno diga que no sabe como enfrentar la “controversia”.
El presidente se abstiene de opinar sobre la demanda que el propio Estado lleva adelante contra Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción agravada, pero se inmiscuye declarando inocente a Morales Bermúdez, antes de tener una idea del caso planteado por una jueza italiana, argumentando que él conversó con el dictador en compañía de Haya de la Torre en 1977 y que ahí supo que se trataba de un sincero demócrata, que después desapareció a Jesús Paéz y baló a ciudadnos indefensos durante el toque de queda; despidió miles de trabajadores por hacer huelga; deportó políticos, sindicalistas y periodistas; y entregó a los montoneros a sus asesinos. Y para demostrar cuánto se respetan los fallos de la justicia, a Mónica Feria la detienen en Alemania por pedido del gobierno peruano, cuando su caso ya fue objeto de sentencia en última instancia.
En el Perú se pretende manejar el gobierno y la justicia a punta de titulares y de miedos arraigados en la opinión pública. Es lo que se hizo en las elecciones del 2006. Por eso casi 200 reservistas, varios de ellos ex combatientes del Cénepa, otros que enfrentaron a la subversión en las zonas de emergencia, son ahora mucho más peligrosos que los creadores del grupo Colina y que los compradores de armas inservibles y sobrevaluadas en plena tensión bélica con el Ecuador, y deben ser confinados sin juicio todos los años que decida una jueza digitada. Son los mismos que dicen que quienes remueven los hechos de finales de los 70, no perdonan el derrocamiento de Velasco, ¿y no será que los histéricos de estos días, capaces de inventar la estupidez de los cursos de “coca y fusil” en el Huallaga, no perdonan la caída de Fujimori?
Pero supuestamente la ley y los jueces deben estar por encima de las consideraciones ideológicas. Entonces si hay debido proceso para Fujimori, Montesinos y Hermoza, porque de otra manera las resoluciones no serían creíbles, ¿por qué no es así para el resto?, ¿o es que la estabilidad jurídica que se reclama para las inversiones no es la de la igualdad de trato y el debido proceso, sino la de la seguridad de que los fallos serán siempre selectivos?
