Tres ramas podridas

A la luz de la encuesta más reciente, el presidente Alan García y su otro yo, Jorge del Castillo, resultan más desaprobados que los maestros malos. La opinión pública se ríe así de la soberbia con que ambos personajes suelen pontificar sobre hechos, colectividades, personas y opiniones.

La consulta realizada a escala nacional por Ipsos Apoyo Opinión y Mercado para el diario El Comercio entre los días 15 y 18 de enero es contundente: sólo 32% aprueba la gestión presidencial y sólo 28%, la de Del Castillo.

Y eso que Lima resulta una agujereada tabla de salvación para García. Tiene éste en la capital siquiera un 39% de aprobación. En el Norte, el voto a su favor desciende a 25%; en el Centro, a 29%; en el Sur, a 26% y en el Oriente se hunde hasta la sima y la suma de 17%. El Congreso continúa en caída libre: su desaprobación llega al 71%, contra sólo 21% de aprobación.

Un titular de primera página de El Comercio expresa, al dar cuenta de la encuesta, que el 55% de peruanos están en contra de que “sigan en aulas los maestros que no pasan evaluación”. En realidad, la encuesta dice que el 43% de los encuestados cree que los maestros deben llevar cursos para mejorar su evaluación y al mismo tiempo seguir enseñando; 31% considera que deben llevar cursos y no enseñar hasta que aprueben y 24% cree que deben “mejorar su evaluación”. Sólo si desaprueban nuevamente deben dejar de enseñar. La opinión no aprueba, pues, los despidos intempestivos que el Apra alista. El podrido Poder Judicial, tan cercano en todo al alanismo, padece un 75% de desaprobación. Apenas un esmirriado 17% lo aprueba. Ha perdido el juicio sin apelación.

Restallantes y actuales suenan las palabras de Manuel González Prada en Horas de Lucha:“Nada extraño que semejantes hombres no sean instrumentos de la Justicia sino herramientas del poder y que hayan merecido las terribles acusaciones de Salazar y Mazarredo. ‘El infrascrito (decía el furibundo Comisario Regio en su nota dirigida el 12 de abril de 1864 a nuestro ministro de Relaciones Exteriores) no calificará lo que son los tribunales del Perú, limitándose sólo a recordar que el actual subsecretario de negocios extranjeros de la Gran Bretaña, Mr. Layard, dijo hace poco en la Cámara de los Comunes, al discutirse la reclamación del capitán White, que este súbdito británico, Cien años después, la opinión pública peruana considera que ese poder del Estado sigue siendo el peor de un sistema gubernamental repudiado. En suma, somos un país donde las tres ramas del Poder adolecen de infamia; es decir, carecen de prestigio. Todo indica que el país está buscando otra dirección, otros dirigentes.

Los excesos presidenciales y sus razones

El exagerado optimismo del presidente Alan García a propósito del hallazgo de dos trillones de pies cúbicos de gas natural en el Lote 57, cerca de Camisea, al asegurar que estaría garantizando la ampliación del horizonte de 20 a 40 años para el consumo interno, induce a preguntarse por las razones del desborde del jefe de Estado.
Dos profesionales que conocen sobre el tema, Carlos Herrera Descalzi -decano del Colegio de Ingenieros- y Aurelio Ochoa, se han alegrado al conocer la buena noticia, pero ambos han negado que el horizonte de garantía para el mercado local haya pasado, gracias al anuncio, de 20 a 40 años. Herrera Descalzi afirma que la confirmación del hallazgo asegura solo cinco años más de consumo de gas al mercado doméstico (Perú.21, 15-1-08); Ochoa afirma que permitiría ampliar el consumo local de gas natural, tomando en cuenta la demanda para los próximos 18 años, en "solo 6 años y no en 20, como señala García" (El Comercio, 15-1-08).
Herrera Descalzi agrega otra consideración central: "Hay que ver cuál va a ser el precio al que se venderá el combustible del Lote 57, porque dependerá del libre mercado, no como el de Camisea, que tiene un techo de valores". Dicho de otra manera: es el gas del Lote 57 el que se debe dirigir a la exportación, mientras que el de Camisea, por tener precios más bajos debido a la previa exploración y confirmación de las reservas a cargo de Shell y no de los actuales operadores, se debe consagrar al consumo interno; es decir, habría que impedir que se exporte porque, después de agotados los recursos de Camisea, habrá que pagar los altos precios del mercado internacional.
Las reservas totales aumentarían en cerca de 15% con el reciente hallazgo, por lo cual hay ciertamente que alegrarse; pero el presidente hace mal al buscar que con la feliz ampliación del horizonte de consumo -aunque no tan grande como él dice- se encubra la considerable diferencia de precio entre el gas vendido internamente a precios "especiales" (Camisea) y el que se ajustará al precio del mercado internacional (lote 57).
Según un informe de Humberto Campodónico elaborado para Desco, que toma como fuente la memoria de la minera estatal Codelco, de Chile -país al que el presidente de la República admira por su tipo de crecimiento-, esta empresa cuprífera aportó en 2006 el 21% de los tributos totales que se recaudaron en ese país: 8,200 millones de dólares (de 37,700 millones de dólares), lo que equivaldría a 50% de la recaudación peruana total de ese mismo año. El Estado, pues, por más abierto que esté a la inversión y al mercado externo, no puede ser un adalid de los intereses privados a costa de los bolsillos peruanos.

No se debe exportar ni una molécula de gas del Lote 88

Es muy buena la noticia del hallazgo de 2 billones de pies cúbicos de gas (BPC; TCF, en inglés) en el Lote 57, contiguo a Camisea, por el consorcio Repsol/Petrobrás. El hallazgo incrementa las reservas existentes de Camisea (11.2 BPC) y permite consolidar cambios en la matriz energética (gas barato para las termoeléctricas, los automóviles, la industria, los domicilios y la petroquímica) que permitan una mayor independencia del caro petróleo importado. Pero esta independencia energética a bajos precios solo será posible si es que se renegocia el contrato del Lote 88 (que actualmente abastece de gas a Lima), porque, de manera irresponsable, este fue modificado bajo el gobierno de Toledo, para que se permita la venta de gas al consorcio Perú LNG, el mismo que lo destinará a la exportación, principalmente a México. Aquí la cuestión central es que el gas del Lote 88 es mucho más barato que el gas que se acaba de encontrar en el Lote 57. ¿Por qué? Porque el Lote 88 –y también el Lote 56– fueron abandonados por Shell, después de haber descubierto 11.2 BPC de gas con una inversión de US$ 460 millones (ver "Dos circunstancias excepcionales y un gato encerrado", www.cristaldemira.com, 22/12/07). Shell los abandonó porque no pudo explotarlos comercialmente, motivo por el cual revirtieron al Estado. Lo que quiere decir que quienes hoy explotan esos lotes no corrieron riesgo exploratorio (la posibilidad de perder su inversión si no encontraban gas). Es por eso que las regalías del Lote 88 y 56 son más altas (38%) que las que va a pagar Repsol/Petrobrás por el Lote 57 (máximo 25%). Lo más importante es que los precios del Lote 88 no tienen nada que ver con los precios internacionales porque la renegociación del contrato del 2006 estableció que solo fluctuarán con la inflación (hasta un máximo de 5% anual): ese precio es un (1) dólar por mil pies cúbicos (mpc) para las termoeléctricas y US$ 1.80/mpc para las industrias. Eso garantiza precios bajos para la masificación, lo que beneficiará al consumidor y, también, a la industria.

Pero el precio del gas del Lote 57, proveniente de una inversión donde el consorcio Repsol-Petrobrás tuvo riesgo exploratorio, va a ser muy distinto al del Lote 88. Seguramente el consorcio querrá venderlo al mismo precio, US$ 5/mpc, que hoy Bolivia le cobra a Brasil y Argentina. Más de 4 veces que el del Lote 88.

El problema es que del 2001 al 2005 se cambiaron todas las leyes en el Congreso para permitir que el gas del Lote 88 (que estaba destinado exclusivamente al mercado interno) sea exportado a un precio que puede ser incluso inferior al que pagamos los peruanos por ese mismo gas en el mercado interno. Por eso corresponde hoy renegociar el contrato del Lote 88 para que de allí no se exporte ni una molécula de gas. Si se desea exportar gas, entonces que se exporte el que se acaba de encontrar en el Lote 57. La renegociación se facilita porque el consorcio Peru-LNG está formado por Hunt Oil (EEUU, 50%), Repsol (España, 20%), SK (Corea, 10%) y Marubeni (Japón, 10%). El agente vendedor del gas de Camisea es Repsol, que en setiembre pasado firmó un contrato con el gobierno de México para venderle 2.38 BPC en un plazo de 18 años. Seguramente los socios de Perú-LNG estarán de acuerdo en que Perú pueda disponer de su gas, a precio barato, por un periodo superior a los 20 años (máximo horizonte que hoy tenemos, debido al cambio de leyes bajo Toledo). Saben que ellos no encontraron el gas de Camisea, pues eso fue producto de circunstancias excepcionales (el abandono de Shell). Y saben también que Perú lo necesita para cambiar su matriz energética, independizarse del petróleo caro, desarrollar la petroquímica y mejorar su competitividad. Si ese no fuera el caso, estaríamos entonces frente a una situación de despojo porque, en los hechos, estaríamos exportando nuestro gas barato (Lote 88) para consumir un gas caro (el del Lote 57). Lo que sería inaceptable.

Publicado el 16 de Enero de 2008

¿Wong no podía pagar sus deudas y por eso se vendió?

La compra de Wong por el grupo chileno Cencosud desató una ola de comentarios sobre todos los aspectos: económico, político, social, cultural y hasta históricos. Es obvio que todo debate sobre las diversas interpretaciones es bienvenido. Dicho esto, varios medios publicaron información acerca de la situación económica de Wong y llegaron a la conclusión que vendían “porque era tan grande su deuda de corto plazo, que casi no tenían utilidades, por lo que no se podían expandir”. Otros dijeron: “Ahora se sabe que Wong estaba en una situación financiera insostenible debido, entre otras razones, a una emisión de bonos que no podía cubrir” (Caretas, 28/12/07). No es así. La situación económica de Wong le permitía cubrir ampliamente la emisión de bonos de largo plazo (S/. 30 millones a 7 años; S/. 70 millones a 7 años y S/. 20 millones a 10 años). Por eso, la calificadora de riesgo Equilibrium, asociada a Moody´s, le dio un triple AAA, la más alta. Otra calificadora. Apoyo/Fitch le dio la nota AA+. Como se sabe, cuando las empresas emiten bonos para financiar sus actividades, la Ley las obliga a someterse a la evaluación de estas agencias con el objetivo de informar adecuadamente a los inversionistas que compran esos bonos sobre la realidad de la situación económica y financiera de la empresa emisora. En el informe de Equilibrium, publicado en su portal (www.equilibrium.com.pe), se dice: “se calculó en diversos escenarios las coberturas otorgadas por las tarjetas de crédito elegidas (para garantizar el pago de los bonos), tanto para el servicio de la deuda, como para el saldo de la misma, observándose que, aún en el escenario más pesimista, dichas tarjetas ofrecían una cobertura holgada, muy por encima del mínimo establecido (5 veces el servicio de la deuda ó 1.6 veces el saldo de la deuda)”. Con la deuda de corto plazo, la práctica de Wong es exactamente la misma que las demás empresas del ramo. Así, las cuentas por pagar del pasivo corriente (corto plazo) no han aumentado y mantienen la misma estructura desde hace varios años. Dice Apoyo/Fitch: “Las eficiencias generadas por la integración logística le han permitido alcanzar bajos costos operativos y mantener un margen EBITDA de 4.6% en promedio durante los últimos 5 años (4.1% a diciembre del 2006), estando por encima de su principal competidor” (www.aai.com.pe) .

Wong venía creciendo al mismo ritmo que el país: del 2000 al 2007, pasó de 26 a 47 tiendas; sus ventas por metro cuadrado subieron de US$ 4,116 a 5,082 y sus ventas se duplicaron, pasando de US$ 445 a 900 millones, con lo cual tenía el 60% del mercado peruano (Wong, Informe Financiero Trimestral, nov 07). Wong no estaba mal. Al analizar la compra, dice el UBS (Unión de Bancos Suizos): “Cencosud pagó por Wong una cantidad algo mayor que las pagadas en las compras de los supermercados de América Latina y que lo pagado por GBarbosa (cadena brasileña comprada por Cencosud en noviembre pasado). Para nosotros, este “Premium” se justifica por la excelente plataforma de negocios que significa Wong en el Perú” (UBS, 4/1/08). La conclusión es clara: a Wong le iba muy bien, les ofrecieron un muy buen precio (con “premium”) por su cadena. Y la vendieron.

Despejado este punto, el debate continúa. ¿Cuál es el la ubicación y el rol del empresariado peruano en la globalización de las transnacionales? Por ejemplo, a una empresa le puede ir muy bien (como antes a Backus; hoy a Wong), pero el dueño la venderá si una empresa de mayor tamaño le ofrece un buen precio (Bavaria era 3 veces más grande que Backus; Cencosud tiene 500 tiendas y Wong 47). ¿Las empresas en el libre mercado lo deciden todo, por ejemplo, que se exporte gas ó que Pluspetrol decida a quien le vende gas para la industria petroquímica? ¿Existen o no sectores y empresas estratégicas? Recordemos que Inglaterra, Francia y España financian el Airbus y que China no pudo comprar la petrolera UNOCAL de EEUU en el 2006? ¿Importa la nacionalidad del capital? ¿ENAP de Chile y Cencosud, sí, Petróleos de Venezuela, no? ¿Es conveniente tanta asimetría en las inversiones de dos países vecinos que tienen todavía problemas que resolver?

Publicado el 11 de Enero de 2008

Rentismo minero y corrupción - Sinesio López Jiménez

El Zorro de Abajo.

Hace más de seis años que la economía peruana crece en forma sostenida y es probable que siga creciendo en un futuro indeterminado que depende de la demanda internacional y del azar. En el 2007 el PBI ha crecido en 8.3 y entre el 2001 y el 2007 el ingreso per cápita casi se ha duplicado, bordeando los US$ 4,000, cifra que representa, sin embargo, dos tercios del ingreso per cápita de Uruguay y de Argentina y la mitad del ingreso per cápita de Chile. El crecimiento sostenido y el incremento del ingreso per cápita constituyen, sin duda, logros que, sin embargo, se encuentran limitados por las características del motor que arrastra los vagones de la economía, por la pésima negociación que realizan los gobiernos con las mineras sobre el monto de la renta que éstas deben dejar para el país y por el injusto reparto entre los peruanos de la renta obtenida. Si bien la minería muestra un mejor desempeño que el petróleo, no es el mejor motor para impulsar el crecimiento y el desarrollo sostenido debido a la serie de limitaciones que presenta.

En primer lugar, son recursos relativamente agotables que, aunque proporcionaran al país una renta significativa, no cuentan con el tiempo económico necesario para la consolidación del desarrollo. En segundo lugar, la intensidad de la actividad minera y su rentabilidad depende de los vaivenes de la azarosa coyuntura internacional: los picos más altos de los precios de los minerales están estrechamente asociados a la guerra de Corea en los 50, a la de Vietnam en los 60 y 70 y a la de Iraq del 2001 en adelante. En tercer lugar, la explotación de la renta minera está en manos de corporaciones internacionales cuyo interés fundamental es, no el desarrollo del país, sino su propia ganancia. En cuarto lugar, la actividad minera no genera poderosos eslabonamientos internos (en la región y en el país) capaces de generar otras actividades productivas que puedan contribuir a un crecimiento sostenido, ni los gobiernos despliegan políticas que ayuden a generar esos eslabonamientos.

Estas limitaciones debieran obligar a los gobiernos a concentrar su fuerza, su imaginación y su capacidad de negociación en la obtención de la mayor renta posible. Revirtiendo las políticas de liberalización de los 90, los países de AL están revisando los contratos y los regímenes de impuestos para asegurar un mayor reparto de las ganancias extraordinarias que resultan de mejores precios o de mayor control sobre las ganancias sobre las industrias extractivas.

Pese a que los países de AL han negociado mejor que los países mineros y petroleros de Asia y África, el Perú y Colombia, de acuerdo con la investigación de Terry Karl, profesora de la U. de Stanford, son los países que se han mostrado más concesivos y dadivosos con las grandes corporaciones internacionales. Mientras Venezuela ha tomado un control mayoritario de las ganancias manejadas por las compañías extranjeras y ha dado a PDVSA un mayor reparto equitativo, Bolivia ha convertido los desfavorables contratos de producción en contratos de operación nacionalizando sus recursos de petróleo y gas, Chile ha renegociado e incrementado la renta imponible teniendo en cuenta la bonanza internacional y Argentina ha aumentado los impuestos sobre las exportaciones de gas de 20 a 45%, Colombia ha privatizado parte de Ecopetrol y ha reducido los impuestos a las industrias extractivas de 38.5% al 33% en 2008 y Perú ha pedido a las compañías mineras "contribuciones voluntarias" para el desarrollo social con la finalidad de eludir el incremento de los impuestos.

El proceso de negociación es distorsionado brutalmente por la corrupción de los gobernantes de turno. La falta de transparencia hace muy difíciles los repartos justos. En el Perú, los ingresos por impuestos provenientes de las minas fueron muy pequeños en los 90, pero entre 2000 y 2006, a medida que los precios subieron, el ingreso anual de los impuestos creció significativamente, sin que existiera negociación alguna, como en el caso chileno. Como bien ha señalado Stigliz, Nobel de Economía, cuando en un contrato entre el Estado y las corporaciones se precisan claramente las sanciones que debe pagar aquel si incumple determinadas cláusulas y no se señala, sin embargo, la mayor participación estatal cuando los precios internacionales mejoran sustantivamente, esa omisión no es producto de la ignorancia sino que es un síntoma claro de corrupción.

Lo mismo sucede cuando, en lugar de renegociar la renta con las compañías extranjeras, alegando el pretexto de violación de los contratos, el Estado se limita a pasar el sombrero para recibir "contribuciones voluntarias" o cuando un titular del MEF propone bajar los impuestos para estimular la reinversión de las compañías mineras cuando éstas no lo necesitan si se tiene en cuenta los altos precios de los minerales. La situación se torna más grave si se considera el injusto reparto de la renta: ¿a cuántos peruanos se les ha duplicado el ingreso anual entre el 2001 y el 2007 como sugiere el vertiginoso crecimiento del ingreso per cápita de los últimos seis años?

Los 100 dueños de Bolivia que quieren tirar abajo el 'Indio Presidente' Evo Morales

Los nombres, negocios, objetivos, armas y apoyos de los grupos que conspiran para tirar abajo al “indio presidente”La rebelión de los 100 clanes

econoticiasbolivia
Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes familiares, que además controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia la rebelión oligárquica contra el presidente indígena Evo Morales.Los clanes familiares ya se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, sobre los que han edificado un creciente poder económico y político, manejando a su antojo las principales organizaciones empresariales, cívicas e incluso populares de las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), desde donde conspiran para echar abajo al “indio presidente” e intentan armar su propio Estado, con su Parlamento y Policía propia y con el control absoluto sobre la tierras, los impuestos, la educación y los impuestos (ver “La oligarquía arma su propio Estado”).Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conocido por Econoticiasbolivia, este centenar de familias tiene en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
LOS DUEÑOS DE SANTA CRUZ
Su poder es enorme, especialmente en Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia y donde se concentran las tierras más fértiles, los bosques y enormes yacimientos de gas, petróleo, minerales y biodiversidad. Allí, en el epicentro de la conjura secesionista, que tiene fuertes rasgos de racismo en contra de los altiplánicos y al amparo de bandas fascistas, los clanes familiares controlan la tierra, los negocios urbanos y el poder político (la prefectura y el comité cívico responden a su mandato).Allí, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tan sólo 15 acaudaladas familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es de 20 mil hectáreas y en las que viven un millón de personas.Allí están los clanes de los Saavedra Buno, Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y Elsner.La familia Monasterios, por ejemplo, controla una superficie de tierras tres veces mayor a la ciudad de Santa Cruz. Mucha de esta tierra le fue entregada en calidad de dotación (gratuitamente) por los gobiernos militares y neoliberales, en un abierto tráfico de influencias, según la explicación del INRA y del Viceministerio de Tierras.Otros que acumulan las tierras son los Gutiérrez (96 mil hectáreas), Paz Hurtado (76 mil), Gasser Bowles (72 mil). Los datos oficiales remitidos a Econoticiasbolivia apuntan que tan sólo los clanes de los Guiteras, Monasterios, Leigue, Yañez, Majluf, Antelo, Asbún y Salas Abularach se han apoderado de 3,1 millones de hectáreas en Santa Cruz y Beni.En promedio, en Bolivia, una familia de terratenientes detenta un cuarto de millón de hectáreas (250 mil) de tierra fértil, en tanto que una familia campesina apenas posee una hectárea con poca capacidad productiva.
AMOS DE LA TIERRA Y DE LA VIDA
Entre estos grandes potentados también está el clan de los Marinkovic, que poseen, sin papeles legales, más de 26 mil hectáreas en la región oriental, seis mil hectáreas más que toda la superficie de la capital cruceña.Según el director del INRA, Cliver Rocha, la familia Marinkovic no posee los títulos de propiedad sobre las tierras que reclama como si fueran suyas, siendo ilegal su intención de alambrar 14 mil hectáreas del pueblo de los guarayos.El clan croata de los Marinkovic ha colocado a uno de ellos, a Branco, a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz, y es, junto al prefecto (gobernador) Rubén Costas (otro racista millonario ganadero y latifundista), la cabeza visible del movimiento secesionista y conspirador.Todos estos clanes familiares se han apoderado de las zonas más fértiles y son, literalmente, dueños de tierras, ríos, bosques, haciendas y vidas en el oriente boliviano, a pesar de los tímidos reparos de las autoridades gubernamentales. "Los ríos, lagunas y caminos son servicios públicos, son del Estado, y por tanto no son susceptibles de apropiación privada", dice Rocha, a modo de reclamo.
EL EJE DE LA OLIGARQUÍA
El poder de los 100 clanes, que emerge desde la tierra, se ha desarrollado en los últimos años con el creciente control y dominio que ejercen en el conjunto de la agropecuaria exportadora, la industria, la explotación sin límite de la riqueza forestal, el comercio exportador, la banca y los grandes medios de comunicación.
Los Marinkovic, por ejemplo, junto al clan de los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soya y girasol, uno de los ejes del agropoder oriental. Poseen, además, casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, además de otros lucrativos negocios.
La ganadería cruceña está en manos de los Kuljis, Áñez y Monasterios, tanto por la magnitud de sus hatos ganaderos como por el control que ejercen sobre los mataderos, frigoríficos y cadenas de supermercados. Todos ellos ligados a los gobiernos neoliberales.
Los Kuljis son accionistas del Banco Económico, propietarios de la papelera Empacar y de una gran curtiembre, dueños de la cadena televisiva red Uno y de la Universidad cruceña Mateo Kuljis.
Los Monasterios son dueños de grandes frigoríficos, accionistas mayores del Banco Ganadero y propietarios de la red televisiva Unitel, desde donde dirigen el mayor ataque mediático contra Morales. Los datos del INRA, muestran que la familia Monasterio poseía en Santa Cruz 78.340 hectáreas en el departamento, y en la capital tenía otras 20.505 hectáreas.
Otros que tienen gran peso en la banca son los Saavedra Bruno, que controlan casi la quinta parte de las acciones del Banco Nacional de Bolivia, el más antiguo del país.
Los informes de la Superintendencia de Bancos confirman el enorme peso que tienen los latifundistas en el paquete accionario de los bancos nacionales y muestran, además, que usan estos mecanismos para potenciar sus negocios y consolidar su poder. No extraña, por ello, que más de la mitad de los créditos otorgados por toda la banca hayan sido destinados a pequeños grupos empresariales de Santa Cruz y menos de la mitad a los otros ocho departamentos del país.
ENLAZADOS AL CAPITAL TRANSNACIONAL
Todos estos clanes están fuertemente penetrados por el capital transnacional, no sólo por el origen de muchos de ellos que provienen de descendientes de inmigrantes europeos (alemanes, croatas y serbios), sino también por sus articulaciones con empresas extranjeras.No es extraño, por ello, que un tercio de la producción y exportación de soya y oleaginosas esté bajo el control de empresarios brasileños, varios de los cuales alquilan y/o compran tierras a los latifundistas nacionales. Otro tercio de la producción y exportación de tierras está bajo el control de empresarios argentinos y rusos y de pequeños productores menonitas y japoneses.
DUEÑOS Y SEÑORES DEL BENI
Más al norte, en las ubérrimas llanuras del departamento del Beni, la situación no es diferente. Allí es el reino de los clanes de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien, Avila, Nacif, Antelo, Salek. Allí, 10 familias tienen un poco más de medio millón de hectáreas (534 mil), que es, en extensión, 500 veces más grande que toda la ciudad de Trinidad, la capital beniana.Allí, como en Santa Cruz y Pando, una vaca vale más que una familia campesina. Allí, el poder político y económico se reparte entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades regionales, otros diputados y concejales, otros son jefes militares y dueños de empresas.Allí también imperan los Gasser, Elsner, Carruty y los Bauer Elsner. Todos ellos, que provienen de familias europeas, son los dueños de los principales negocios, accionistas de la banca y manejan a su antojo los cargos públicos, la justicia, la prensa y la administración pública. No es casual, por ello, que el prefecto (gobernador) sea uno de ellos: Ernesto Suárez Sattori, un ganadero latifundista y ex parlamentario de la fascista ADN (Acción Democrática Nacionalista del ex dictador Hugo Banzer).
LOS AMOS DE PANDO
Más al norte, en Pando, es el reino de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que gobiernan de la misma forma que sus pares de Santa Cruz y Beni.Estas ocho familias concentran cerca de un millón de hectáreas de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la extensión de la capital Cobija, donde gobierna con ellos otro millonario ganadero, el ultraderechista Leopoldo Fernández.El gobernador Fernández es uno de los amos y señores de Pando y su influencia es tal que incluso el propio Morales le ofreció, hace un año y medio, que sea candidato por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para gobernar la rica región fronteriza con Brasil. Fernández lo rechazó, él no quiere nada con los indios.
CLANES RACISTAS
Estos clanes son visceralmente racistas y están convencidos de que los campesinos, a los que explotan como en los tiempos del feudalismo, valen menos que sus vacas, por lo que no conciben que uno de ellos sea el actual presidente de Bolivia. Estos grupos oligárquicos han estado, desde siempre, imbricados con el poder político. Han cogobernado con las dictaduras militares y han lucrado al máximo con los regímenes neoliberales democráticos y saben, muy bien, conservar sus privilegios.Por ello, tras estar arrinconados parcial y temporalmente desde octubre del 2003, cuando una insurrección popular derrocara al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al que respaldaron hasta último momento, los latifundistas comenzaron a recobrar el poder político regional, mediante la abierta confrontación con el titubeante y conciliador régimen indigenista de Morales, que busca, en el fondo, que las rancias élites de oligarcas compartan el poder con las emergentes élites indígenas (ver García Linera: Las élites comparten el poder).
CON EL CONTROL DE LAS MASAS
Con gran perspicacia, la oligarquía se ha aprovechado en los dos últimos años de los genuinos y legítimos deseos de la población por mejorar sus condiciones de vida y ha levantado las banderas de la autonomía y en contra del centralismo. Al pueblo le dicen y le convencen de que ahora, con la autonomía, los recursos económicos de la región ya no se irán lejos y servirán para dar empleo, pan y progreso a todos los cruceños. Este discurso caló hondo en la población civil y las organizaciones cívicas y populares, dada la ambivalente posición de Morales sobre las autonomías y el reciente recorte de recursos que hace a la región (les resta anualmente casi 200 millones de dólares del impuesto de hidrocarburos para pagar un bono para los más ancianos. Hasta el 2007 este beneficio lo pagaba el Estado y la petrolera estatal).
En este proceso, la oligarquía también ha exacerbado al máximo el racismo y los sentimientos más bajos del regionalismo y de menosprecio hacia los altiplánicos, que siempre han estado latentes en las regiones del oriente y sur del país.
No es casual, por ello, que los clanes controlen y dirijan a las masas, metan palo y amedrenten a los opositores con sus bandas fascistas (ver: En Santa Cruz reina el fascismo) y aprovechen al máximo los errores del presidente Morales, que poco o nada hace para abrir una brecha entre los clanes y las masas empobrecidas a las que explotan y utilizan en beneficio propio.

LA DEFECCIÓN DE MORALES




Atrapado por su política conciliadora y de respeto a la propiedad privada, Morales no apunta a quebrar el poder económico de los latifundistas, no va a expropiar la tierra de los latifundistas ni a redistribuirla entre los campesinos y pequeños productores urbanos.
Tampoco se orienta a quebrar la extrema explotación de la fuerza de trabajo que hace el gran capital. No quiere, por ejemplo, triplicar el salario mínimo a 1.800 bolivianos (el previsto para el 2008 es de apenas 577 bolivianos), tal como prometió en las elecciones del 2005 y con el que podría dejar a la oligarquía sin respaldo obrero y de gran parte de las clases medias. El gobierno tampoco ofrece acciones concretas para apoyar a los trabajadores del oriente en su lucha contra el capital (legislación laboral protectiva, prohibición de despidos, control sobre los empresarios, control de precios, etc).En rigor, los dos años del gobierno de Morales no han significado un cambio positivo para los más pobres del oriente. Los pobres siguen igual o peor que antes, y Evo no les ofrece nada tangible: ni tierra ni salarios, no pone freno a la explotación laboral en el agro y menos en las ciudades y no contribuye a quebrar la hegemonía política e ideológica que tienen los clanes familiares sobre la población del oriente y los valles de Bolivia.
CONTROL SOBRE LAS TIERRAS
Por ahora, los clanes usan el respaldo de las organizaciones sociales, cívicas, empresariales e incluso sindicales para defender sus privilegios y organizan a los más pobres para enfrentar al gobierno indígena de Morales y su nueva propuesta de Constitución Política del Estado.Esta nueva norma, que debe ser sometida a un referéndum nacional en el 2008 para tener validez jurídica, plantea la posibilidad de restringir la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas (equivalentes a la cuarta parte o la mitad de la extensión de la ciudad de Santa Cruz que tiene 20 mil hectáreas).
Esta restricción lastima los intereses de los latifundistas y los obligaría, en caso de aprobarse, a redistribuir sus haciendas entre los miembros del clan familiar, tal como lo hacen desde los últimos años (las propiedades se subdividen a nombre de los hijos, hermanos, primos y otros familiares) para burlar la ley y evitar la denuncia pública de acaparamiento.
FRENO A LA INDIADA
El propósito principal de la oligarquía es retomar el poder político en la región y tomar el control total sobre la tierra, además de frenar a Morales y a la indiada, que a pesar de la promesas de Evo, quiere y pugna por eliminar a los latifundistas para acceder por fin a la tierra y a las posibilidades de una mejor vida para sus familias.
Con tres millones y medio de campesinos pobres sedientos de tierra y justicia, la posibilidad de una radical reforma agraria está más latente que nunca. El pasado 10 de septiembre del 2007, por ejemplo, la denominada “Cumbre de organizaciones sociales de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y organizaciones populares de las ciudades”, con masiva presencia de dirigentes del MAS, aprobó una declaración que en su punto 9 establece la necesidad urgente de “expropiación sin indemnización del latifundio y su distribución inmediata entre productores y del campo y la ciudad que estén dispuestos hacerla producir en beneficio de la sociedad”.
DOBLE PODER
Hasta ahora, la oligarquía ha logrado gran parte de sus objetivos. Ejerce, en los hechos, el poder político y gobierna cuatro de las nueve regiones de Bolivia (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde arrincona y persigue a palo a los disidentes), avanza en su propósito de moderar al máximo la tímida propuesta de Constitución de Morales e intenta legalizar, aunque sea parcialmente, sus estatutos autonomistas. Este lunes, en el inicio de un diálogo nacional con Morales ha logrado la doble promesa presidencial para que el Estado devuelva parcialmente los recursos a las regiones (200 millones de dólares) y para que se articule la nueva Constitución con los reclamos de autonomía regional.Al interior de la oligarquía son visibles dos tendencias. Una, encarnada en el prefecto Rubén Costas y los clanes vinculados a los sectores productivos de la agroindustria, el comercio y la banca, que creen que deben seguir presionando a Morales para lograr un “gran acuerdo nacional” que preserve la vigencia de dos gobiernos en Bolivia, el de ellos en el oriente y el sur y el de Morales en el altiplano (ver En Bolivia hay dos gobiernos). La otra tendencia, representada por los clanes que mantienen para el engorde y la especulación inmensos latifundios improductivos y que tienen tierras sin sanear, y en la que se inscriben los Marinkovic, con fuerte peso en el Comité Cívico de Santa Cruz, son partidarios de avanzar con más fuerza hacia una autonomía más radical y con mayor confrontación con el poder central. Unos quieren consolidar lo que hoy ya han conquistado, los otros pretenden aún más.
EL ROL DE LA EMBAJADA
Unos como otros aguardan, sin embargo, los resultados del diálogo que los prefectos iniciaron con Morales y esperan nuevas señales de las diplomacias de Brasil, Argentina y Estados Unidos, que son vitales para ver hasta dónde avanzan en sus propósitos de construir su propio Estado al interior de Bolivia.Según ha denunciado el gobierno, la Embajada de Estados Unidos es la que promueve y financia los intentos separatistas de la oligarquía. Las estrechas relaciones del embajador estadounidense Philip Goldberg con Costas y Marinkovic, y el financiamiento de la agencia norteamericana de cooperación Usaid a los políticos derechistas de oposición son prueba de ello y marcan la evolución de la política de Washington con relación al presidente Morales.Hasta el 2002, el dirigente cocalero Evo Morales era considerado como el enemigo número uno de Washington. En ese entonces, el embajador Manuel Rocha amenazaba abiertamente a los bolivianos con suspender la ayuda económica y cortar relaciones diplomáticas si éstos se animaban a votar por Evo, al que consideraban ligado al narcotráfico.Sin embargo, en el periodo 2003 – 2005, cuando el levantisco pueblo boliviano derribó a dos gobiernos neoliberales (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa) y amenazó con expulsar a las transnacionales petroleras y mineras que saqueaban Bolivia, nacionalizando el gas, las minas y las tierras, Washington revalorizó el papel de Morales y decidió, aunque de mala gana, convivir con él, más aún cuando éste ganó las elecciones de fines del 2005 con el 54 por ciento de los votos. Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias. Otorgó también amplias garantías para la propiedad y la inversión privada que cumplan con las normas y leyes.Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica. El alineamiento de Morales con los regímenes de Cuba y Venezuela, su tolerancia al cultivo limitado de coca, su permanente y estridente retórica antiimperialista y la amenaza de que los sectores radicales de indígenas y trabajadores desborden al presidente indígena (Ver: Mineros en pie de combate) hacen que la Embajada no confíe en Evo y busque, por el contrario, limitar su poder al altiplano, tal como actualmente ocurre.La administración Bush fogonea contra Morales y ha enviado a su mayor experto en el separatismo como Philip Goldberg, que ya trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la caída en 2000 del presidente Slobodan Milosevic. Goldberg promovió la separación de Serbia y Montenegro y también estuvo en Kosovo, generando conflictos entre serbios y albaneses. Ahora está en los andes bolivianos, alentando la rebelión de los 100 clanes.

10-01-2008

Estado sin derecho

Así que era un abuso extender el período de inicio del proceso judicial bajo carcelería, de 18 a 36 meses, contra la corrupción fujimorista, a través de una apresurada modificación de la ley durante el gobierno de Toledo, pero es razonable duplicarlo a 72 meses (seis años) en el caso de los etnocaceristas de Antauro Humala, sin contar para ello ninguna norma existente y sirviéndose de una jueza trasladada al caso el día anterior.

La ley supuestamente es para cumplirla. Pero en el Perú se aplaude hasta el paroxismo que el Tribunal Constitucional guillotine a los jubilados de la 20530 y se dice aquí acabó el problema, se salvó el sistema; pero ahora se quiere colgar al mismo Tribunal, desconocerlo, disolverlo, si fuera posible, por darle la razón a los fonavistas. Y se utiliza la maniobra de encargarle al JNE desacatar lo resuelto por el máximo tribunal y permitir que el gobierno diga que no sabe como enfrentar la “controversia”.

El presidente se abstiene de opinar sobre la demanda que el propio Estado lleva adelante contra Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción agravada, pero se inmiscuye declarando inocente a Morales Bermúdez, antes de tener una idea del caso planteado por una jueza italiana, argumentando que él conversó con el dictador en compañía de Haya de la Torre en 1977 y que ahí supo que se trataba de un sincero demócrata, que después desapareció a Jesús Paéz y baló a ciudadnos indefensos durante el toque de queda; despidió miles de trabajadores por hacer huelga; deportó políticos, sindicalistas y periodistas; y entregó a los montoneros a sus asesinos. Y para demostrar cuánto se respetan los fallos de la justicia, a Mónica Feria la detienen en Alemania por pedido del gobierno peruano, cuando su caso ya fue objeto de sentencia en última instancia.

En el Perú se pretende manejar el gobierno y la justicia a punta de titulares y de miedos arraigados en la opinión pública. Es lo que se hizo en las elecciones del 2006. Por eso casi 200 reservistas, varios de ellos ex combatientes del Cénepa, otros que enfrentaron a la subversión en las zonas de emergencia, son ahora mucho más peligrosos que los creadores del grupo Colina y que los compradores de armas inservibles y sobrevaluadas en plena tensión bélica con el Ecuador, y deben ser confinados sin juicio todos los años que decida una jueza digitada. Son los mismos que dicen que quienes remueven los hechos de finales de los 70, no perdonan el derrocamiento de Velasco, ¿y no será que los histéricos de estos días, capaces de inventar la estupidez de los cursos de “coca y fusil” en el Huallaga, no perdonan la caída de Fujimori?

Pero supuestamente la ley y los jueces deben estar por encima de las consideraciones ideológicas. Entonces si hay debido proceso para Fujimori, Montesinos y Hermoza, porque de otra manera las resoluciones no serían creíbles, ¿por qué no es así para el resto?, ¿o es que la estabilidad jurídica que se reclama para las inversiones no es la de la igualdad de trato y el debido proceso, sino la de la seguridad de que los fallos serán siempre selectivos?

Prensa escrita, 05.01.08