Los 100 dueños de Bolivia que quieren tirar abajo el 'Indio Presidente' Evo Morales

Los nombres, negocios, objetivos, armas y apoyos de los grupos que conspiran para tirar abajo al “indio presidente”La rebelión de los 100 clanes

econoticiasbolivia
Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes familiares, que además controlan la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación, dirigen desde el oriente y los valles de Bolivia la rebelión oligárquica contra el presidente indígena Evo Morales.Los clanes familiares ya se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, sobre los que han edificado un creciente poder económico y político, manejando a su antojo las principales organizaciones empresariales, cívicas e incluso populares de las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), desde donde conspiran para echar abajo al “indio presidente” e intentan armar su propio Estado, con su Parlamento y Policía propia y con el control absoluto sobre la tierras, los impuestos, la educación y los impuestos (ver “La oligarquía arma su propio Estado”).Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), conocido por Econoticiasbolivia, este centenar de familias tiene en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
LOS DUEÑOS DE SANTA CRUZ
Su poder es enorme, especialmente en Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia y donde se concentran las tierras más fértiles, los bosques y enormes yacimientos de gas, petróleo, minerales y biodiversidad. Allí, en el epicentro de la conjura secesionista, que tiene fuertes rasgos de racismo en contra de los altiplánicos y al amparo de bandas fascistas, los clanes familiares controlan la tierra, los negocios urbanos y el poder político (la prefectura y el comité cívico responden a su mandato).Allí, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), tan sólo 15 acaudaladas familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es de 20 mil hectáreas y en las que viven un millón de personas.Allí están los clanes de los Saavedra Buno, Monasterio Nieme, Justiniano Ruiz, Roig Pacheco, Rapp Martínez, Antelo Urdininea, Keller Ramos, Candia Mejía, Castro Villazón, Ovando, Fracaro, Sánchez Peña, Nielsen, Bauer y Elsner.La familia Monasterios, por ejemplo, controla una superficie de tierras tres veces mayor a la ciudad de Santa Cruz. Mucha de esta tierra le fue entregada en calidad de dotación (gratuitamente) por los gobiernos militares y neoliberales, en un abierto tráfico de influencias, según la explicación del INRA y del Viceministerio de Tierras.Otros que acumulan las tierras son los Gutiérrez (96 mil hectáreas), Paz Hurtado (76 mil), Gasser Bowles (72 mil). Los datos oficiales remitidos a Econoticiasbolivia apuntan que tan sólo los clanes de los Guiteras, Monasterios, Leigue, Yañez, Majluf, Antelo, Asbún y Salas Abularach se han apoderado de 3,1 millones de hectáreas en Santa Cruz y Beni.En promedio, en Bolivia, una familia de terratenientes detenta un cuarto de millón de hectáreas (250 mil) de tierra fértil, en tanto que una familia campesina apenas posee una hectárea con poca capacidad productiva.
AMOS DE LA TIERRA Y DE LA VIDA
Entre estos grandes potentados también está el clan de los Marinkovic, que poseen, sin papeles legales, más de 26 mil hectáreas en la región oriental, seis mil hectáreas más que toda la superficie de la capital cruceña.Según el director del INRA, Cliver Rocha, la familia Marinkovic no posee los títulos de propiedad sobre las tierras que reclama como si fueran suyas, siendo ilegal su intención de alambrar 14 mil hectáreas del pueblo de los guarayos.El clan croata de los Marinkovic ha colocado a uno de ellos, a Branco, a la cabeza del Comité Cívico de Santa Cruz, y es, junto al prefecto (gobernador) Rubén Costas (otro racista millonario ganadero y latifundista), la cabeza visible del movimiento secesionista y conspirador.Todos estos clanes familiares se han apoderado de las zonas más fértiles y son, literalmente, dueños de tierras, ríos, bosques, haciendas y vidas en el oriente boliviano, a pesar de los tímidos reparos de las autoridades gubernamentales. "Los ríos, lagunas y caminos son servicios públicos, son del Estado, y por tanto no son susceptibles de apropiación privada", dice Rocha, a modo de reclamo.
EL EJE DE LA OLIGARQUÍA
El poder de los 100 clanes, que emerge desde la tierra, se ha desarrollado en los últimos años con el creciente control y dominio que ejercen en el conjunto de la agropecuaria exportadora, la industria, la explotación sin límite de la riqueza forestal, el comercio exportador, la banca y los grandes medios de comunicación.
Los Marinkovic, por ejemplo, junto al clan de los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soya y girasol, uno de los ejes del agropoder oriental. Poseen, además, casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, además de otros lucrativos negocios.
La ganadería cruceña está en manos de los Kuljis, Áñez y Monasterios, tanto por la magnitud de sus hatos ganaderos como por el control que ejercen sobre los mataderos, frigoríficos y cadenas de supermercados. Todos ellos ligados a los gobiernos neoliberales.
Los Kuljis son accionistas del Banco Económico, propietarios de la papelera Empacar y de una gran curtiembre, dueños de la cadena televisiva red Uno y de la Universidad cruceña Mateo Kuljis.
Los Monasterios son dueños de grandes frigoríficos, accionistas mayores del Banco Ganadero y propietarios de la red televisiva Unitel, desde donde dirigen el mayor ataque mediático contra Morales. Los datos del INRA, muestran que la familia Monasterio poseía en Santa Cruz 78.340 hectáreas en el departamento, y en la capital tenía otras 20.505 hectáreas.
Otros que tienen gran peso en la banca son los Saavedra Bruno, que controlan casi la quinta parte de las acciones del Banco Nacional de Bolivia, el más antiguo del país.
Los informes de la Superintendencia de Bancos confirman el enorme peso que tienen los latifundistas en el paquete accionario de los bancos nacionales y muestran, además, que usan estos mecanismos para potenciar sus negocios y consolidar su poder. No extraña, por ello, que más de la mitad de los créditos otorgados por toda la banca hayan sido destinados a pequeños grupos empresariales de Santa Cruz y menos de la mitad a los otros ocho departamentos del país.
ENLAZADOS AL CAPITAL TRANSNACIONAL
Todos estos clanes están fuertemente penetrados por el capital transnacional, no sólo por el origen de muchos de ellos que provienen de descendientes de inmigrantes europeos (alemanes, croatas y serbios), sino también por sus articulaciones con empresas extranjeras.No es extraño, por ello, que un tercio de la producción y exportación de soya y oleaginosas esté bajo el control de empresarios brasileños, varios de los cuales alquilan y/o compran tierras a los latifundistas nacionales. Otro tercio de la producción y exportación de tierras está bajo el control de empresarios argentinos y rusos y de pequeños productores menonitas y japoneses.
DUEÑOS Y SEÑORES DEL BENI
Más al norte, en las ubérrimas llanuras del departamento del Beni, la situación no es diferente. Allí es el reino de los clanes de los Guiteras, Llapiz, Sattori, Bruckner, Quaino, Dellien, Avila, Nacif, Antelo, Salek. Allí, 10 familias tienen un poco más de medio millón de hectáreas (534 mil), que es, en extensión, 500 veces más grande que toda la ciudad de Trinidad, la capital beniana.Allí, como en Santa Cruz y Pando, una vaca vale más que una familia campesina. Allí, el poder político y económico se reparte entre padres, hermanos e hijos. Unos son autoridades regionales, otros diputados y concejales, otros son jefes militares y dueños de empresas.Allí también imperan los Gasser, Elsner, Carruty y los Bauer Elsner. Todos ellos, que provienen de familias europeas, son los dueños de los principales negocios, accionistas de la banca y manejan a su antojo los cargos públicos, la justicia, la prensa y la administración pública. No es casual, por ello, que el prefecto (gobernador) sea uno de ellos: Ernesto Suárez Sattori, un ganadero latifundista y ex parlamentario de la fascista ADN (Acción Democrática Nacionalista del ex dictador Hugo Banzer).
LOS AMOS DE PANDO
Más al norte, en Pando, es el reino de los Sonnenschein, Hecker, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure, Villavicencio Amuruz, que gobiernan de la misma forma que sus pares de Santa Cruz y Beni.Estas ocho familias concentran cerca de un millón de hectáreas de tierras fértiles, que equivalen a dos mil veces la extensión de la capital Cobija, donde gobierna con ellos otro millonario ganadero, el ultraderechista Leopoldo Fernández.El gobernador Fernández es uno de los amos y señores de Pando y su influencia es tal que incluso el propio Morales le ofreció, hace un año y medio, que sea candidato por su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), para gobernar la rica región fronteriza con Brasil. Fernández lo rechazó, él no quiere nada con los indios.
CLANES RACISTAS
Estos clanes son visceralmente racistas y están convencidos de que los campesinos, a los que explotan como en los tiempos del feudalismo, valen menos que sus vacas, por lo que no conciben que uno de ellos sea el actual presidente de Bolivia. Estos grupos oligárquicos han estado, desde siempre, imbricados con el poder político. Han cogobernado con las dictaduras militares y han lucrado al máximo con los regímenes neoliberales democráticos y saben, muy bien, conservar sus privilegios.Por ello, tras estar arrinconados parcial y temporalmente desde octubre del 2003, cuando una insurrección popular derrocara al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al que respaldaron hasta último momento, los latifundistas comenzaron a recobrar el poder político regional, mediante la abierta confrontación con el titubeante y conciliador régimen indigenista de Morales, que busca, en el fondo, que las rancias élites de oligarcas compartan el poder con las emergentes élites indígenas (ver García Linera: Las élites comparten el poder).
CON EL CONTROL DE LAS MASAS
Con gran perspicacia, la oligarquía se ha aprovechado en los dos últimos años de los genuinos y legítimos deseos de la población por mejorar sus condiciones de vida y ha levantado las banderas de la autonomía y en contra del centralismo. Al pueblo le dicen y le convencen de que ahora, con la autonomía, los recursos económicos de la región ya no se irán lejos y servirán para dar empleo, pan y progreso a todos los cruceños. Este discurso caló hondo en la población civil y las organizaciones cívicas y populares, dada la ambivalente posición de Morales sobre las autonomías y el reciente recorte de recursos que hace a la región (les resta anualmente casi 200 millones de dólares del impuesto de hidrocarburos para pagar un bono para los más ancianos. Hasta el 2007 este beneficio lo pagaba el Estado y la petrolera estatal).
En este proceso, la oligarquía también ha exacerbado al máximo el racismo y los sentimientos más bajos del regionalismo y de menosprecio hacia los altiplánicos, que siempre han estado latentes en las regiones del oriente y sur del país.
No es casual, por ello, que los clanes controlen y dirijan a las masas, metan palo y amedrenten a los opositores con sus bandas fascistas (ver: En Santa Cruz reina el fascismo) y aprovechen al máximo los errores del presidente Morales, que poco o nada hace para abrir una brecha entre los clanes y las masas empobrecidas a las que explotan y utilizan en beneficio propio.

LA DEFECCIÓN DE MORALES




Atrapado por su política conciliadora y de respeto a la propiedad privada, Morales no apunta a quebrar el poder económico de los latifundistas, no va a expropiar la tierra de los latifundistas ni a redistribuirla entre los campesinos y pequeños productores urbanos.
Tampoco se orienta a quebrar la extrema explotación de la fuerza de trabajo que hace el gran capital. No quiere, por ejemplo, triplicar el salario mínimo a 1.800 bolivianos (el previsto para el 2008 es de apenas 577 bolivianos), tal como prometió en las elecciones del 2005 y con el que podría dejar a la oligarquía sin respaldo obrero y de gran parte de las clases medias. El gobierno tampoco ofrece acciones concretas para apoyar a los trabajadores del oriente en su lucha contra el capital (legislación laboral protectiva, prohibición de despidos, control sobre los empresarios, control de precios, etc).En rigor, los dos años del gobierno de Morales no han significado un cambio positivo para los más pobres del oriente. Los pobres siguen igual o peor que antes, y Evo no les ofrece nada tangible: ni tierra ni salarios, no pone freno a la explotación laboral en el agro y menos en las ciudades y no contribuye a quebrar la hegemonía política e ideológica que tienen los clanes familiares sobre la población del oriente y los valles de Bolivia.
CONTROL SOBRE LAS TIERRAS
Por ahora, los clanes usan el respaldo de las organizaciones sociales, cívicas, empresariales e incluso sindicales para defender sus privilegios y organizan a los más pobres para enfrentar al gobierno indígena de Morales y su nueva propuesta de Constitución Política del Estado.Esta nueva norma, que debe ser sometida a un referéndum nacional en el 2008 para tener validez jurídica, plantea la posibilidad de restringir la propiedad individual de la tierra a un máximo de 5 mil o 10 mil hectáreas (equivalentes a la cuarta parte o la mitad de la extensión de la ciudad de Santa Cruz que tiene 20 mil hectáreas).
Esta restricción lastima los intereses de los latifundistas y los obligaría, en caso de aprobarse, a redistribuir sus haciendas entre los miembros del clan familiar, tal como lo hacen desde los últimos años (las propiedades se subdividen a nombre de los hijos, hermanos, primos y otros familiares) para burlar la ley y evitar la denuncia pública de acaparamiento.
FRENO A LA INDIADA
El propósito principal de la oligarquía es retomar el poder político en la región y tomar el control total sobre la tierra, además de frenar a Morales y a la indiada, que a pesar de la promesas de Evo, quiere y pugna por eliminar a los latifundistas para acceder por fin a la tierra y a las posibilidades de una mejor vida para sus familias.
Con tres millones y medio de campesinos pobres sedientos de tierra y justicia, la posibilidad de una radical reforma agraria está más latente que nunca. El pasado 10 de septiembre del 2007, por ejemplo, la denominada “Cumbre de organizaciones sociales de pueblos y naciones indígenas originarias campesinas y organizaciones populares de las ciudades”, con masiva presencia de dirigentes del MAS, aprobó una declaración que en su punto 9 establece la necesidad urgente de “expropiación sin indemnización del latifundio y su distribución inmediata entre productores y del campo y la ciudad que estén dispuestos hacerla producir en beneficio de la sociedad”.
DOBLE PODER
Hasta ahora, la oligarquía ha logrado gran parte de sus objetivos. Ejerce, en los hechos, el poder político y gobierna cuatro de las nueve regiones de Bolivia (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, donde arrincona y persigue a palo a los disidentes), avanza en su propósito de moderar al máximo la tímida propuesta de Constitución de Morales e intenta legalizar, aunque sea parcialmente, sus estatutos autonomistas. Este lunes, en el inicio de un diálogo nacional con Morales ha logrado la doble promesa presidencial para que el Estado devuelva parcialmente los recursos a las regiones (200 millones de dólares) y para que se articule la nueva Constitución con los reclamos de autonomía regional.Al interior de la oligarquía son visibles dos tendencias. Una, encarnada en el prefecto Rubén Costas y los clanes vinculados a los sectores productivos de la agroindustria, el comercio y la banca, que creen que deben seguir presionando a Morales para lograr un “gran acuerdo nacional” que preserve la vigencia de dos gobiernos en Bolivia, el de ellos en el oriente y el sur y el de Morales en el altiplano (ver En Bolivia hay dos gobiernos). La otra tendencia, representada por los clanes que mantienen para el engorde y la especulación inmensos latifundios improductivos y que tienen tierras sin sanear, y en la que se inscriben los Marinkovic, con fuerte peso en el Comité Cívico de Santa Cruz, son partidarios de avanzar con más fuerza hacia una autonomía más radical y con mayor confrontación con el poder central. Unos quieren consolidar lo que hoy ya han conquistado, los otros pretenden aún más.
EL ROL DE LA EMBAJADA
Unos como otros aguardan, sin embargo, los resultados del diálogo que los prefectos iniciaron con Morales y esperan nuevas señales de las diplomacias de Brasil, Argentina y Estados Unidos, que son vitales para ver hasta dónde avanzan en sus propósitos de construir su propio Estado al interior de Bolivia.Según ha denunciado el gobierno, la Embajada de Estados Unidos es la que promueve y financia los intentos separatistas de la oligarquía. Las estrechas relaciones del embajador estadounidense Philip Goldberg con Costas y Marinkovic, y el financiamiento de la agencia norteamericana de cooperación Usaid a los políticos derechistas de oposición son prueba de ello y marcan la evolución de la política de Washington con relación al presidente Morales.Hasta el 2002, el dirigente cocalero Evo Morales era considerado como el enemigo número uno de Washington. En ese entonces, el embajador Manuel Rocha amenazaba abiertamente a los bolivianos con suspender la ayuda económica y cortar relaciones diplomáticas si éstos se animaban a votar por Evo, al que consideraban ligado al narcotráfico.Sin embargo, en el periodo 2003 – 2005, cuando el levantisco pueblo boliviano derribó a dos gobiernos neoliberales (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa) y amenazó con expulsar a las transnacionales petroleras y mineras que saqueaban Bolivia, nacionalizando el gas, las minas y las tierras, Washington revalorizó el papel de Morales y decidió, aunque de mala gana, convivir con él, más aún cuando éste ganó las elecciones de fines del 2005 con el 54 por ciento de los votos. Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias. Otorgó también amplias garantías para la propiedad y la inversión privada que cumplan con las normas y leyes.Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica. El alineamiento de Morales con los regímenes de Cuba y Venezuela, su tolerancia al cultivo limitado de coca, su permanente y estridente retórica antiimperialista y la amenaza de que los sectores radicales de indígenas y trabajadores desborden al presidente indígena (Ver: Mineros en pie de combate) hacen que la Embajada no confíe en Evo y busque, por el contrario, limitar su poder al altiplano, tal como actualmente ocurre.La administración Bush fogonea contra Morales y ha enviado a su mayor experto en el separatismo como Philip Goldberg, que ya trabajó entre 1994 y 1996 como asistente especial del embajador Richard Holbrooke, uno de los estrategas de la desintegración de Yugoslavia y de la caída en 2000 del presidente Slobodan Milosevic. Goldberg promovió la separación de Serbia y Montenegro y también estuvo en Kosovo, generando conflictos entre serbios y albaneses. Ahora está en los andes bolivianos, alentando la rebelión de los 100 clanes.

10-01-2008

Estado sin derecho

Así que era un abuso extender el período de inicio del proceso judicial bajo carcelería, de 18 a 36 meses, contra la corrupción fujimorista, a través de una apresurada modificación de la ley durante el gobierno de Toledo, pero es razonable duplicarlo a 72 meses (seis años) en el caso de los etnocaceristas de Antauro Humala, sin contar para ello ninguna norma existente y sirviéndose de una jueza trasladada al caso el día anterior.

La ley supuestamente es para cumplirla. Pero en el Perú se aplaude hasta el paroxismo que el Tribunal Constitucional guillotine a los jubilados de la 20530 y se dice aquí acabó el problema, se salvó el sistema; pero ahora se quiere colgar al mismo Tribunal, desconocerlo, disolverlo, si fuera posible, por darle la razón a los fonavistas. Y se utiliza la maniobra de encargarle al JNE desacatar lo resuelto por el máximo tribunal y permitir que el gobierno diga que no sabe como enfrentar la “controversia”.

El presidente se abstiene de opinar sobre la demanda que el propio Estado lleva adelante contra Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción agravada, pero se inmiscuye declarando inocente a Morales Bermúdez, antes de tener una idea del caso planteado por una jueza italiana, argumentando que él conversó con el dictador en compañía de Haya de la Torre en 1977 y que ahí supo que se trataba de un sincero demócrata, que después desapareció a Jesús Paéz y baló a ciudadnos indefensos durante el toque de queda; despidió miles de trabajadores por hacer huelga; deportó políticos, sindicalistas y periodistas; y entregó a los montoneros a sus asesinos. Y para demostrar cuánto se respetan los fallos de la justicia, a Mónica Feria la detienen en Alemania por pedido del gobierno peruano, cuando su caso ya fue objeto de sentencia en última instancia.

En el Perú se pretende manejar el gobierno y la justicia a punta de titulares y de miedos arraigados en la opinión pública. Es lo que se hizo en las elecciones del 2006. Por eso casi 200 reservistas, varios de ellos ex combatientes del Cénepa, otros que enfrentaron a la subversión en las zonas de emergencia, son ahora mucho más peligrosos que los creadores del grupo Colina y que los compradores de armas inservibles y sobrevaluadas en plena tensión bélica con el Ecuador, y deben ser confinados sin juicio todos los años que decida una jueza digitada. Son los mismos que dicen que quienes remueven los hechos de finales de los 70, no perdonan el derrocamiento de Velasco, ¿y no será que los histéricos de estos días, capaces de inventar la estupidez de los cursos de “coca y fusil” en el Huallaga, no perdonan la caída de Fujimori?

Pero supuestamente la ley y los jueces deben estar por encima de las consideraciones ideológicas. Entonces si hay debido proceso para Fujimori, Montesinos y Hermoza, porque de otra manera las resoluciones no serían creíbles, ¿por qué no es así para el resto?, ¿o es que la estabilidad jurídica que se reclama para las inversiones no es la de la igualdad de trato y el debido proceso, sino la de la seguridad de que los fallos serán siempre selectivos?

Prensa escrita, 05.01.08

Dirigentes de izquierda secuestrados y deportados, denunciarán a ex presidente Morales Bermúdez

Ex presidente Morales Bermúdez Un grupo de dirigentes de Izquierda entre los que figuran Javier Diez Canseco, Ricardo Lets Colmenares, Hugo Blanco, Genaro Ledesma y otros, evalúa denunciar penalmente al ex presidente Francisco Morales Bermúdez por el secuestro y deportación a Argentina del que fueron víctimas en 1978.

Este acto que, según consideran, formó parte de la Operación Cóndor cuya finalidad era eliminar a los opositores de los gobiernos militares existentes en Latinoamérica en la década de los años 70.

Informaron que emitirán un testimonio formal y notarial a la justicia italiana, la cual investiga la desaparición de ciudadanos de ese país en el marco del Plan Cóndor.

Genaro Ledesma indicó que el propio Morales Bermúdez admitió, durante la realización de un banquete el 29 de setiembre del año 1975, que Perú estaba incluido en la Operación Cóndor.

Además criticaron al presidente Alan García, al cardenal Juan Luis Cipriani y a las Fuerzas Armadas por apoyar y defender a Morales Bermudes quien, consideran, debe rendir cuentas ante la justicia por lo ocurrido durante el régimen militar.Cabe destacar que esta conferencia de prensa se desarrolló en la calle, en plena Plaza de Armas de Lima, debido a un desacuerdo con la administración del Club La Unión, local en donde se planificaba desarrollar dicha actividad.

fuente: RPP martes, 8 de enero , 2008

Mantilla dirigió Rodrigo Franco

Miguel Exebio ratifica denuncia. Declaración de testigo sustenta la denuncia que fiscalía presentó contra ex ministro del Interior aprista.

César Romero.

Testigo clave. Miguel Exebio ayudó a la Fiscalía a identificar a los integrantes del comando paramilitar Rodrigo Franco. (Foto. Archivo).

Miguel Exebio Reyes, un ex oficial de la Marina, es el principal testigo del fiscal Julio Cordero en la denuncia contra el ex ministro aprista Agustín Mantilla Campos y el grupo paramilitar Rodrigo Franco.Pero no es el único. Otros tres ex integrantes del referido comando paramilitar se han acogido a la ley de colaboración con la justicia y han identificado a sus cómplices y descrito al detalle los asesinatos que cometieron. Las identidades de estos testigos aparecen consignadas en la denuncia fiscal bajo clave para proteger su identidad.

Sin embargo, el mismo Exebio Reyes reveló su identidad hace unos años como una medida de protección después de tanto tiempo de denunciar y declarar ante diversos fiscales sin que le hagan caso.

"Me alegra que la justicia empiece a trabajar en este caso, estoy preocupado por mi intregridad, pero sé protegerme", declaró ayer en breve diálogo con La República.

"Mantilla organizó el comando Rodrigo Franco con estudiantes universitarios apristas, personal del Delta 5 y agentes de inteligencia", han dicho los testigos, como lo hizo Miguel Exebio a la fiscalía.

INTERIOR

Compañero. Agustín Mantilla tiene una alta consideración y lealtad en el Apra. (Foto. Jaime Mendoza).

En esa época, Mantilla era viceministro, lo cual, según los testigos, le permitió obtener información privilegiada que fue utilizada para las acciones del comando.Además, han revelado que su centro de operaciones estuvo ubicado en la avenida Dos de Mayo 1511, en San Isidro, donde se realizaban los contactos con Mantilla y se planificaba la ejecución extrajudicial de presuntos terroristas.

En base a los testimonios, el fiscal Cordero atribuye tres casos de asesinatos selectivos que el comando Rodrigo Franco ejecutó por orden directa de Mantilla: los homicidios de los dirigentes mineros Saúl Cantoral y su compañera Consuelo García, del abogado Manuel Febres y los estudiantes Luis Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano.

En todos los casos, de acuerdo con los colaboradores, Agustín Mantilla dio la orden para las ejecuciones. Así, en el asesinato de Cantoral y su acompañante intervinieron "Chito" Ríos, Gino Fiori, Huamán Alacute, Carlos Farfán y otros por identificar.El mismo grupo intervino en el asesinato del abogado Febres Flores. La detención y asesinato de los estudiantes y militantes del MRTA estuvo dirigida por Walter Lauri Morales, un ex capitán de la policía que laboraba en el Grupo Delta 5 de dirección antiterrorista."Si mal no recuerdo fue en agosto del 88 que lo detuvieron (a Pasache) en su domicilio en San Martín de Porres y lo llevaron a San Bartolo en Curayacu, donde fue victimado, posteriormente lo dejaron en una playa (...)", indicó un testigo sobre el asesinato de los estudiantes.

PIEZAS CLAVES

Algunas de las piezas claves en la actuación del comando Rodrigo Franco, según la denuncia del fiscal Julio Cordero, son Augusto Calleja Carrasco y Juan Pampa Quilla.

Augusto Calleja se desempeñó como jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) durante la gestión de Mantilla en la referida cartera.Según los testimonios recogidos por la fiscalía, Calleja proveía de armas al grupo paramilitar que dirigía Jesús "Chito" Ríos. Calleja apareció en 1997 en una denuncia que la fiscalía presentó contra Mantilla por obtener comisiones ilícitas en las adquisiciones del Ministerio del Interior. La denuncia se archivó en el Poder Judicial.

El otro personaje, Juan Pampa Quilla, integró en los años 90 el destacamento Colina y estuvo infiltrado en la Asociación de Abogados Democráticos. Quilla habría actuado como nexo de Rodrigo Franco con el SIN

Relaciones peligrosas

Pese a sus antecedentes, Agustín Mantilla mantiene vínculos con importantes funcionarios del gobierno aprista, tanto que en una oportunidad se ofreció como asesor del gobierno. El agosto del 2006 apareció un video de una reunión partidaria donde Mantilla ofrecía cargos en el Estado.Al cumpleaños de Mantilla, hace unas semanas, asistieron la casi totalidad de mandos medios del gobierno. Antes, una reunión suya con militares y con el aspirante al TC Javier Ríos generó en un escándalo político.Mantilla estuvo en prisión durante dos años luego del autogolpe del 5 de abril. Volvió a prisión el 2001 por recibir dinero de Vladimiro Montesinos.

fuente: Prensa escrita 7 Enero 2008

Oliver Stone defiende a Chávez y critica trato que da EEUU a "patio trasero"

El cineasta estadounidense Oliver Stone, que iba a filmar la liberación de rehenes de la guerrilla colombiana de las FARC a finales de diciembre, acusa a EEUU del fracaso de la misión y defiende el papel del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la frustrada operación.

En declaraciones al dominical británico "The Observer", Stone califica a Chávez de "hombre honrado y fuerte", y afirma que Estados Unidos trata a Latinoamérica como un "patio trasero" en el que "se puede tirar la basura, mear o hacer lo que a uno le venga en gana".

Durante la frustrada operación de entrega por las FARC de dos mujeres y del niño de una de ellas nacido en cautiverio, prevista para antes de la Navidad y luego para finales de año, a Stone se le dijo que debía quedarse en el hotel, no fuera que le secuestraran, instrucciones que, sin embargo, no obedeció.

"Chávez jugó una partida de póquer en la que trató de conseguir unos resultados, pero creo que no podía lograrlo solo", afirma el realizador, que regresó mientras tanto a su casa de California (EEUU).

El gobernante venezolano "quería rescatar a las rehenes y romper el hielo en la guerra entre el Estado y los rebeldes (colombianos). En mi opinión, era un importante primer paso, pero tanto en Colombia como en Estados Unidos había resentimientos contra su persona", agrega.

Stone, que concedió la entrevista antes de que se supiera que el niño cautivo, de tres años, no estaba ya en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sino en un orfanato en Bogotá, culpa del fracaso de la operación al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y al Gobierno de Estados Unidos.

El Gobierno colombiano acusó el sábado a las FARC de mentir después de que esta guerrilla, tras admitir que no tenía ya al niño, denunciara que el Estado lo había "secuestrado".

"Escuché de dos fuentes rivales ese día que Uribe había telefoneado a (George W.) Bush la víspera o el mismo día. Esa llamada a Bush es significativa", señala.

"Yo dije entonces: ¡Vergüenza para Colombia, vergüenza para Uribe!, pero quería decir al mismo tiempo: ¡Vergüenza para Bush!. Creo que Bush tiene una actitud de despecho hacia Chávez, como le ocurre a todo el "establishment" estadounidense.Quieren que Chávez fracase", subraya Stone.El cineasta considera lo ocurrido como un capítulo más en la larga historia de injerencias y de explotación de América Latina por Estados Unidos, porque gobiernos de este país han apoyado a los dictadores cada vez que les ha interesado.

Estados Unidos "parece tratarla como su patrio trasero. La gente hace todo tipo de cosas en sus patios traseros. Arrojan basura, mean, dejan crecer las malas hierbas, hacen lo que les viene en gana", afirma Stone.

"Creo que siempre (los norteamericanos) hemos tenido la idea de que es algo nuestro. Colombia es lo único que nos queda. Es una gran inversión. Creo que hablamos de casi 1.000 millones (de dólares de ayuda militar) al año. Es el equivalente de una guerra secreta", agrega el realizador.

Colombia, según el cineasta, "rebosa de equipo militar y tecnología estadounidenses (...). Existe sólo para (combatir a) las FARC. Y ellos lo saben.

Son muy paranoicos, y tienen todo el derecho a sentirse así.Todos los colombianos con los que hablé tienen miedo de un tipo u otro a los militares. Éstos son los más peligrosos, no las FARC".

El realizador estadounidense considera que esa guerrilla es "un ejército campesino", un ejército tipo Zapata.

prensa escrita internacional, domingo, 6 de enero , 2008

Estos son los 25 italianos asesinados en el marco represivo de la Operación Cóndor

En los casos de dos matrimonios no solo desaparecieron a los padres sino que les arrancaron a sus hijos y se apropiaron de ellos.

Edmundo Cruz.
.Crímenes que no prescriben. Italia lanza un mensaje reivindicatorio de la justicia.

La lista de 25 víctimas incluye 13 ciudadanos ítalo-uruguayos, 7 ítalo-argentinos y 5 ítalo-chilenos. La mayoría, jóvenes de 20 a 30 años. Secuestrados y eliminados extrajudicialmente fuera de su país de residencia. Los ítalo-uruguayos en Argentina y los ítalo-argentinos en Paraguay, Bolivia y Brasil.

OBJETIVO
La investigación inicial emprendida por el fiscal Giancarlo Capaldo en 1999 y ahora asumida por la jueza Luisianna Figliolia ha encontrado pruebas de que las desapariciones fueron ejecutadas en el ámbito de operaciones conjuntas de las fuerzas represivas del país sudamericano de origen y del que las acogía.
Se han reconstruido algunos casos de secuestros y asesinatos como el de los montoneros argentinos ocurrido en Perú (junio de 1980) que aún no siendo objeto del procedimiento penal, ejemplifican el carácter sistemático de la Operación Cóndor.
El objetivo es individualizar a los autores materiales, sea porque comandaban las unidades ejecutoras o porque eran responsables de las jurisdicciones donde se cometieron los delitos. También a los miembros de las juntas político-militares en el poder que idearon y dirigieron un sistema de represión que incluía secuestro, tortura y asesinatos extrajudiciales.

ÍTALO - URUGUAYOS
Entre los 13 uruguayos de ascendencia italiana destacan dos matrimonios. Agentes argentinos no solo los eliminaron sino que les arrancaron a sus vástagos.
María Emilia Islas de Zaffaroni (23 años) y su esposo Jorge fueron plagiados en Argentina junto a su hija Mariana de 18 meses, el 27 setiembre de 1976. La bebé fue raptada y criada con nombre falso por un miembro de la inteligencia militar argentina, Miguel Ángel Furci. En 1983, a la edad de nueve años Mariana fue identificada.Yolanda Iris Casco de D’Elia (32) y su esposo Julio César D’Elia (31) confinados también en Argentina el 22 de diciembre de 1977, vivieron una pesadilla igual. Yolanda estaba encinta y dio a luz en cautiverio a un niño. El bebé fue raptado por un miembro de seguridad (ver recuadro).Gerardo Gatti (45), Armando Bernardo Arnone Hernández (24), Juan Pablo Recagno Ibarburu (25) y Andrés Humberto Domingo Bellizzi Bellizzi (25), ítalo-uruguayos, todos ellos dirigentes del Partido Por la Victoria del Pueblo, desaparecidos en Buenos Aires en 1976.Similar aciago destino siguió Daniel Álvaro Banfi Baranzano (24), secuestrado en la misma ciudad, en setiembre de 1974.Al periodista y abogado Héctor Orlando Giordano Cortazzo (39) le llegó el turno el 9 de junio 1978.La joven pareja de Ileana Sara María García Ramos de Dossetti (23) y Edmundo Sabino Dossetti Techeira (25), activistas de los GAU (Grupos de Acción Unificadora) no pudieron escoger peor lugar de refugio que Argentina. Desaparecieron en 1977.Raúl Edgardo Borelli Cattaneo (23) estudiante de medicina y también militante de los GAU fue visto por última vez en Buenos Aires, el 22 de diciembre de 1977. Al igual que Raúl Gambaro Núñez, dirigente textil de 38 años.

ÍTALO - ARGENTINO
Horacio Domingo Campiglia Pedamonti, argentino de origen italiano, era un alto dirigente del Movimiento Montonero, cuando fue plagiado en Río de Janeiro, el 12 de marzo de 1980.La misma militancia política tenía Lorenzo Ismael Viñas Gigli, capturado cuando intentaba refugiarse en Brasil, 26 de junio de 1980. Por estos mismos días, 12-13 de junio, otros cuatro montoneros fueron secuestrados en Lima, por efectivos del mismo Batallón de Inteligencia del Ejército gaucho.En Paraguay prendieron a José Alejandro Logoluso Di Martino y a su pareja Dora Marta Landi Gil, el 29 de marzo de 1977.Peor. Luis Stamponi Corinaldesi desapareció en Bolivia en setiembre de 1976, merced a otra operación combinada. Y su madre Mafalda Corinaldesi de Stamponi, que había acudido en su búsqueda corrió el mismo desgraciado fin, al igual que Guillermo Alfredo Tamburini.

ÍTALO - CHILENO
María Cecilia Magnet Ferrero de Tamburini, Juan José Montiglio Murúa, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Jaime Patricio Avendaño y Giovanni Maino Canales desaparecidos en Argentina y en Chile, entre 1973 y 1976.
YOLANDA, LA MADRE DE CARLOS
Julio César D´Elia Pallares y Yolanda Iris Casco de D´Elia fueron fue secuestrados de su domicilio de San Fernando, en Buenos Aires, el 22 de diciembre de 1977.Acción coordinada de la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA) y los Fusileros Navales (FUSNA) de Uruguay.
Yolanda estaba embarazada de 8 meses y medio. La pareja fue llevada al Centro de Operaciones Tácticas (COT). Y de ese centro de torturas, la mujer fue trasladada al Pozo de Banfield donde dio a luz en enero de 1978. La asistió el médico policial Jorge Bergés. El párvulo recibió el nombre de Carlos. Yolanda fue vista por última vez en Banfield el 16 de mayo de 1978.
Eliminada la madre, el matrimonio De Luccia-Leiro (De Luccia era miembro del Servicio de Inteligencia Naval) se apropia del recién nacido.
El joven fue localizado en 1995, restituido a su familia en 1998 y devuelta su identidad. Actualmente, mantiene una excelente relación con su familia natal. Se ha casado y tiene una hija. Carlos es uno de los firmantes de una de las denuncias penales planteadas sobre este caso.

fuente:prensa escrita, 5 Enero 2008

‘‘APRA encubrió a Morales Bermúdez en Asamblea Constituyente de 1978"

Comisión de Derechos Humanos, con mayoría aprista, rechazó investigar secuestro y exculpó a Morales Bermúdez.

Por Ana Núñez.Foto:

Testigos. Ex miembros de la Constituyente de 1978 recordaron que el APRA impidió investigar a Morales Bermúdez.Esta no es la primera vez que el APRA hace espíritu de cuerpo con el ex dictador Francisco Morales Bermúdez en un tema vinculado con la "Operación Cóndor". En 1978, la mayoría de la Asamblea Constituyente –integrada por una alianza entre el APRA y el PPC– archivó una investigación sobre el secuestro de trece dirigentes peruanos de izquierda, quienes fueron llevados a Argentina en condiciones totalmente extrañas, en un hecho que se considera fue parte de ese plan de cooperación entre las dictaduras militares de la región para acabar con los opositores.

Javier Diez Canseco, Genaro Ledesma Izquieta y Ricardo Letts Colmenares, tres de las víctimas de la humillante detención, narraron los pormenores de ese episodio, recogido también en el libro "El Secuestro", del periodista Alfonso Baella Tuesta.

Recordaron que el APRA frustró con su voto en contra que el caso se indagara y esclareciera por un grupo investigador en la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente.Diez Canseco, Ledesma y Letts fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigaciones el 25 de mayo de 1978 y entregados al Ejército argentino. Los tres eran parte de un grupo de diez personas que además de su condición de candidatos de la izquierda a la Asamblea Constituyente, formaban parte del comando del paro nacional de mayo de 1978 contra la dictadura militar. El régimen los consideraba "agitadores sociales".

Acusados de "delincuentes subversivos", los dirigentes izquierdistas fueron llevados en un avión Hércules peruano hasta el aeropuerto de Jujuy, y entregados al Regimiento de Infantería de Montaña Nº 20.

Luego de algunos días, el grupo pasó a la prisión federal, en Buenos Aires. Allí los deportados fueron encarcelados individualmente, en condiciones que hasta hoy no olvidan. "Estuvimos todo el tiempo a oscuras, perdimos la noción del tiempo. Nos quedamos en tinieblas", dijo Ledesma a La República. Diez Canseco por su parte relató que en las paredes recién pintadas de las celdas se traslucían mensajes escritos con las uñas por los antiguos prisioneros.

Un diario de Jujuy había descubierto el avión Hércules que llegó con el grupo de peruanos y publicó una fotografía de la nave, junto a la que hablaba de los "extraños movimientos" en el aeropuerto de la localidad. La noticia fue determinante para el final que tuvo esta historia, pues desde entonces el gobierno argentino estuvo en el ojo de la presión internacional. Poco después, los peruanos fueron amnistiados por la dictadura de Morales Bermúdez, sobre todo porque siete de ellos fueron electos para la Asamblea Constituyente. "El APRA en alianza con el PPC archivó la investigación en la comisión de Derechos Humanos y encubrió al gobierno de Morales Bermudez porque tenían una alianza", afirmaron Diez Canseco y Ledesma.

PRECISIONESEL GRUPO. Los dirigentes de izquierda que fueron deportados a Argentina durante el gobierno de facto de Francisco Morales Bermúdez fueron: José Alvarado, Justiniano Apaza, Hugo Blanco, Alfonso Baella Tuesta, Javier Diez Canseco, Humberto Damonte, Ricardo Letts, Genaro Ledesma, Ricardo Díaz Chávez, Ricardo Napurí y Valentín Pacho.MARINOS. En el grupo también estuvieron dos vicealmirantes en retiro: José Arce Lara y Miguel Faura Gaig, también candidatos a la Asamblea Constituyente.

‘‘Fue parte del Plan Cóndor"Javier Diez Canseco, Genaro Ledesma y Ricardo Letts afirmaron que están seguros de que la operación de la que fueron víctimas fue parte del Plan Cóndor y que están convencidos de que este contó con el total conocimiento del entonces presidente de facto, Francisco Morales Bermúdez.

"Todo este episodio fue parte del Plan Cóndor y hay que hacer comparecer públicamente al ministro del Interior de la época. Nuestro destino era una fosa común en alguna parte del campo de Jujuy. Creo que nos salvó la presión internacional y la foto del colega (del diario de Jujuy) también fue clave", comentó Ricardo Letts.

Diez Canseco afirmó que hay elementos clarísimos de cómo hubo una intervención y colaboración del gobierno de Morales Bermúdez en apoyo del Plan Cóndor. Uno es que Perú recibió la acreditación del delegado chileno del Plan Cóndor (información incluida en los documentos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano) "Se recibió y dio facilidades a los agentes de inteligencia chilenos que operaron contra los colaboradores de Allende alojados en Perú", dijo.

Por su parte, Genaro Ledesma Izquieta comentó que la prueba fundamental de la colaboración del ex dictador Francisco Morales Bermúdez Cerruti con el Plan Cóndor era que junto al gobierno militar de Argentina, actuaban como si se tratara de un solo territorio.

Prensa escrita.